A vueltas con los pleitos de las cláusulas suelo. Parte 3

En el anterior post os adelantábamos que el gobierno en lugar de ponerse de parte del más débil se alineaba con las entidades bancarias. En este último post os contamos cómo actuó el gobierno frente a esta bochornosa situación.

El gobierno acudió al rescate (ya nos hemos familiarizado con esto de rescatar a los bancos) publicando el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Esta norma tiene un título de los tiempos de la “postverdad” en el que nos encontramos. No vamos a analizarla ahora, quedémonos solamente con que el título no hace honor a su contenido, que arbitra un sistema para que los bancos puedan intentar soslayar la responsabilidad que les corresponde mediante un procedimiento negociado que en absoluto responde a la igualdad entre las partes. En la aplicación de esta norma ha jugado a nuestro entender un papel importante la abogacía, que ha hecho un esfuerzo por llegar a los consumidores y, por qué no decirlo, clientes, para advertirles de los peligros del proceso y guiarles y aconsejarles en el mismo de tal modo que en muchos casos los bancos se están encontrando con clientes un poco respondones, aunque qué duda cabe que por esta vía un buen número de reclamaciones sin el adecuado asesoramiento se quedarán por el camino con resultados injustos y abusivos.

Parece que el Real Decreto ha resultado insuficiente para embridar a los hipotecados que persisten en reclamar sus derechos jaleados por un montón de abogados (sí, en España somos muchos, pero ese es tema para otro día) que además han ideado sistemas para realizar estas reclamaciones generalmente a precios módicos. La solución estaba a la vuelta de la esquina y como hemos dicho se veía venir: hagamos que no compense tanto reclamar a los perjudicados, pero que parezca que les estamos haciendo un favor. Vamos a concentrar las reclamaciones en pocos juzgados que llamaremos especializados (aunque se reforzarán con jueces en prácticas) y alejémoslos de ellos, para que se incremente el coste que han de soportar. Esto unido a que la condena en costas se ha matizado en el Real Decreto Ley antes citado les hará desistir y los pobres bancos podrán nuevamente respirar tranquilos.

No podemos tampoco olvidar que tras la marea de las cláusulas suelo se está gestando el previsible tsunami de los gastos de formalización de las hipotecas. De momento está relativamente contenido, pero llegará para atascar aún más esos cincuenta y cuatro juzgados. No se puede negar que el Consejo General del Poder Judicial tiene visión de futuro.

Por último, en España hay más de cuatrocientos partidos judiciales, muchos de ellos con varios Juzgados de Primera Instancia. Todos eran competentes para enjuiciar asuntos derivados de cláusulas abusivas hipotecarias. Ahora lo serán cincuenta y cuatro, ¿No les parece a ustedes que para la defensa de las entidades bancarias es un número mucho más manejable?. Ahí lo dejamos.

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